“Lo que busco enfatizar en esta participación es el otro desastre: el desastre institucional en la atención al derrame. Esto lo asevero porque en el caso del río Sonora se identifica una incapacidad gubernamental grave que no pudo, o no quiso, hacer frente al daño provocado por el derrame”, señaló el doctor Rolando Díaz Caravantes. 

En su intervención en la mesa titulada: Litigio por el Derecho Humano al agua y al medio ambiente sano, se centró en el caso del derrame de tóxicos en el río Sonora en agosto de 2014 y compartió algunos de los errores cometidos por diferentes instancias para minimizar el daño derivado de esta tragedia ambiental. 

De acuerdo con lo que se ha documentado por estudios sociales, la indemnización de la población fue limitada e inequitativa, por lo que esta no sirvió para remediar los impactos del derrame, sino más bien generó inconformidad y conflicto entre los pobladores pues los habitantes del río Sonora temen por la posible emergencia de enfermedades cancerígenas y les estresa el panorama de salud. 

Agregó que la preocupación por la salud es amplia por la falta de una debida atención ya que la unidad de vigilancia nunca se terminó, ni se monitoreó la salud, ni se han atendido los casos de riesgo identificados el año pasado y en cuanto a la calidad del agua, ha sido documentado la limitada e ineficaz instalación de las plantas potabilizadoras. 

Todo esto deja evidente lo que podríamos llamar el fracaso del Fideicomiso Río Sonora, aseguró Díaz Caravantes, y el camino del litigio es largo, gracias al mal funcionamiento del Estado de derecho y aún con todos los vacíos e incapacidades en el sistema, es un camino indispensable de recorrer. 

“Los pobladores de las comunidades afectadas se encuentran limitados a ejercer acciones de tipo legal pues están sujetos a la realización de estudios técnico-científicos, altamente costosos que no se encuentran a su alcance; hecho que se contrapone con el principio precautorio, el cual, frente a la incertidumbre posibilita al juzgador revertir las cargas probatorias hacia las autoridades que deberán probar la inexistencia de los riesgos a la salud ambiental”, dijo.

El investigador de El Colegio de Sonora comentó que la falta de protocolos ante este tipo de emergencia mostró los problemas de una política centralizada y discrecional de ciencia y tecnología, aunque se conformaron y financiaron tempranamente equipos científicos para la investigación, estos fueron lidereados desde el centro del país, lo que resultó en un significativo desconocimiento de los procesos locales. 

Añadió que, para cuando se difundieron las primeras conclusiones del impacto social en las comunidades, ya el gobierno había terminado la fase de emergencia y peor aún, para cuando difundieron el grueso de las publicaciones de 2017 en adelante, ya el gobierno había dado por extinto el Fideicomiso Río Sonora, aludiendo a que ya no había problemas derivados del derrame. 

Para la remediación y no repetición de un evento doblemente desastroso como el del río Sonora, es necesario un nuevo marco legal que acote el poder del sector minero, integre a las dependencias en el marco de la gestión de desastres y plantee una jurisdicción especializada para brindar prontitud a este tipo de procesos, expuso. 

La ponencia fue presentada en el Foro por la Vida y el Agua del río Sonora, el pasado 05 de agosto del presente año, en instalaciones de la Universidad de Sonora, en Hermosillo y los comentarios forman parte de las conclusiones de un libro colectivo que se redacta sobre los alcances de los estudios sociales en la comprensión de los efectos del derrame de 2014.