Alvaro Bracamonte Sierra

 El día 15 de este mes el Secretario de Hacienda estatal entregó el paquete económico para el 2020. Incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y un conjunto de documentos que detallan las obras a realizar, así como la plantilla de burócratas de la administración central y de los órganos autónomos y desconcentrados. 

El funcionario adelantó que se trataba de un presupuesto con varios atributos, no necesariamente todos positivos. Señaló que es austero y su incremento nominal es menor al 1% respecto al aprobado para 2019. De hecho, en términos reales el incremento es negativo; incluso la reducción resulta mayor respecto a lo que se ejercerá al final de este año. 

Como sea, el presupuesto ascenderá a poco más de 70 mil millones de pesos frente a los 68 mil autorizados para el 2019.

Esta situación revela una coyuntura particular: En primer lugar, se aprecia un patrón, que afecta a todas las entidades. A simple vista parece que la 4T no está entregando los montos de recursos que antes recibían Estado y municipios. Las participaciones y aportaciones federales, que constituyen la mayor parte de los ingresos de la entidad, muestran un incremento microscópico; en particular el aumento en las participaciones, que son recursos de libre disposición, no rebasará el 2% en términos nominales. 

La reducción es notoria en las aportaciones que son fondos etiquetados: Aquí el recorte es de mil millones de pesos, lo que representa una merma de casi 4% respecto a lo recibido en el 2019. Sin embargo, no sería absurdo afirmar que esa baja es solo aparente; me explico: Es sabido que la contabilidad gubernamental, al menos como la presenta el Gobierno estatal, incluye en ese rubro partidas que son parte del ramo 23, el de los famosos “moches”. 

Estas, por instrucciones del Presidente desaparecieron o disminuyeron drásticamente. Con ello se da la impresión de que la Federación está castigando en exceso a Sonora, lo que ha sido aprovechado para empujar una campaña de descalificación encabezada por dirigentes tanto panistas como priistas. 

A reserva de corroborarlo con los datos duros, se puede adelantar la hipótesis de que no hay tal recorte, sino que se trata de un manejo distinto de esos recursos: En la 4T ya no se entregan para su administración al Gobierno local; directamente la Federación se hace cargo de ellos. 

Es el caso de la presa Pilares a la que se destinará, en el 2020, un monto superior a los 600 millones de pesos. Lo mismo puede decirse de la Cuatro Carriles y de otras obras que planea desarrollar el Gobierno federal.

A propósito de la reducción, real o ficticia, de las contribuciones federales, el Gobierno estatal solicitó al Congreso el visto bueno para contratar un crédito por mil 300 millones de pesos que compensarían la baja de ingresos referida y permitiría financiar un conjunto de obras de infraestructura que ahora supuestamente están en riesgo. 

Ese endeudamiento llama la atención por varias razones: En primer lugar, porque Sonora es uno de los estados más endeudados del País; en segundo, porque previo a la opción de acrecentar el endeudamiento no se hizo un mayor esfuerzo de austeridad para generar economías que luego pudieran destinarse al financiamiento de la infraestructura que requiere apoyo. Sorprende, por ejemplo, por inexplicable, el incremento del presupuesto para el Congreso del Estado, toda vez que es uno de los más caros del País. Sobre esto seguiremos en la próxima colaboración. 

La Cuarta Revolución Industrial

La economía y la sociedad están cambiando aceleradamente. Estos cambios se asocian a la profundidad que alcanzan las tecnologías de la información.

A esta fase los especialistas la han denominado Cuarta Revolución Industrial, cuya impronta exige el análisis acucioso a fin de definir el quehacer frente a dicho fenómeno. 

Para abordar ese tema, El Colegio de Sonora organizó un seminario a celebrarse este viernes 22, a las 09:30 horas en sus instalaciones. La entrada es gratuita. 

*Doctor en Economía.

Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora.