Dr. Óscar Mayoral Peña. Jefe de Difusión Cultural de El Colegio de Sonora
Copia textual de Boletín Red Nacional altexto.
La edición académica atraviesa una coyuntura de profundas fracturas sistémicas que complejizan como nunca —si no es que ponen en entredicho— su rol histórico como difusora del conocimiento, donde se funden —en el crisol de este fin de era— problemas que impactan desde su distribución hasta su legitimidad, pasando por la propia viabilidad y sostenibilidad. Frente a este panorama, adaptarse, fortalecer y proteger la producción de las editoriales universitarias y públicas no es solo cuestión de supervivencia gremial, sino un acto ineludible de soberanía cultural e intelectual. Mientras el mercado editorial global se cimbra y parece no tener más recursos de supervivencia que el imponer lógicas de mercantilización extrema, las casas editoriales de nuestras instituciones de educación superior están llamadas a consolidarse como espacios de resistencia, capaces de interpelar las estructuras hegemónicas que constriñen la circulación de las ideas.
El problema adquiere dimensiones críticas al situarlo en el centro de nuestra actual catástrofe climática, humanitaria y civilizatoria. El paradigma científico occidental, positivista y eurocéntrico, que durante siglos se ha autoproclamado árbitro supremo de la verdad, se encuentra hoy severamente cuestionado por su incapacidad para dar respuesta a los grandes colapsos planetarios. Irónicamente, este mismo paradigma ha abierto la puerta a la proliferación masiva de herramientas de inteligencia artificial generativa, cuya adopción acrítica amenaza con mermar la capacidad de agencia, el desarrollo intelectual, la legitimidad y la profundidad del pensamiento crítico dentro de la propia comunidad científica, la que paradójicamente termina por imponerse cadenas a través de su participación sumisa en los circuitos editoriales y científicos que se mimetizan con la lógica del mercado. Como bien advierten Vincent Larivière, Stefanie Haustein y Philippe Mongeon en su texto The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era (doi.org/10.1371/journal.pone.0127502), el ecosistema de la publicación científica ha quedado concentrado en manos de un puñado de corporaciones transnacionales que controlan tanto los canales de difusión como los datos métricos de la ciencia como condición de legitimidad y relevancia. Este poder monopólico se sostiene, por un lado, mediante exigencias corporativas instituidas a través de perversos sistemas de incentivos, becas y estímulos a la productividad que obligan a “publicar o morir”; y por otro, mediante la vigilancia policial de los estilos y sesgos académicos bajo la figura de elitistas sistemas de indexación y un arbitraje tan conservador como excluyente, que bien convendría abordar en grandes mesas de reflexión a lo largo y ancho del planeta.
Este circuito cerrado obvia una contradicción de fondo: gran parte de esta producción se realiza utilizando recursos financieros públicos y, de manera más profunda, “recursos ontológicos” extraídos de las comunidades, invisibilizando los saberes locales devenidos en despojos epistémicos que soportan materialmente gran parte de la investigación. Como nos recuerda Silvia Rivera Cusicanqui en su capítulo Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descoloniales (doi.org/10.4135/9781526492692.n20), la urgencia de repensar nuestras prácticas discursivas radica en reconocer la multiplicidad de mundos y saberes que coexisten de forma conflictiva y complementaria, más allá de los monocultivos de la razón moderna.
Por ello, la edición académica institucional enfrenta el reto, no solo de navegar la tan anunciada crisis editorial global, sino de romper con estas cadenas que aprisionan la construcción y difusión del conocimiento. Es urgente replantear la ética de la producción científica y su transferencia pública. Las editoriales universitarias debemos transitar hacia un modelo de bibliodiversidad que dialogue con los saberes subalternos, que gestione la tiranía de las métricas comerciales y que devuelva a la sociedad el valor de la investigación como un bien común y democrático, no como una mercancía sujeta a una dictadura algorítmica y corporativa.