Dr. Víctor S. Peña Mancillas. Profesor-investigador del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos de El Colegio de Sonora.

Copia textual de El Sol de Hermosillo.

El antecedente es una reforma constitucional. Y no cualquiera, sino la más profunda en los últimos veinte años. Tan profunda que, a diferencia de otros ajustes constitucionales en la materia, la decisión fue ir en una dirección completamente diferente a la trayectoria trazada hasta entonces.

Para más información, desmenuzo y presento a grandes rasgos.

Primer paso, en 1977 se determina que el acceso a la información es una obligación del Estado Mexicano. Segundo paso, por ahí de inicios de este siglo, se determina que sería el artículo sexto el lugar donde se establecería que ese derecho a la información beneficiaría a las personas gobernadas. Fue entonces cuando se decide que la mejor manera de promover y defender ese derecho sea a través de organizaciones especializadas, exclusivas y colegiadas. Tercer paso, en 2007, la constitución se ajusta en grande para establecer un “piso mínimo” de la transparencia, para evitar algunos estados siguieran rezagados… y sí, se fortalece la idea de que son esas organizaciones las piezas centrales de toda esa entonces-nueva arquitectura institucional.

En 2014 se presenta un cuarto paso, cuando se consolida la centralidad de la arquitectura y el INAI es el protagonista organizacional de todo el esquema… pero cuatro años después, cambian los vientos y, en seco, se detiene esa trayectoria. Hasta que en el 2024 se presenta y aprueba una reforma constitucional que quiso dejar todo igual desapareciendo la pieza central, los llamados “órganos garantes”.

Para decirlo rápido, la trayectoria hasta 2018 fue el de privilegiar organizaciones especializadas, exclusivas y colegiadas. Ellas, a la par de los otros poderes estatales. Y, como si fuera canción de Milanés, esas organizaciones no eran perfectas mas se acercaban a lo que toda persona —hay que decirlo, convencida del valor de los contrapesos— llegó a soñar.

Después del 2025, todo ha sido más bien caótico y desorganizado: se construye pieza por pieza, se destruye por plumazo. Desde muchos frentes, y por diferentes razones, se ha tratado hacer girar la rueda… pero no tiene un eje. Con algunas excepciones, el panorama nacional más o menos se ha cubierto de desencanto y los logros o avances que después de décadas de trabajo podían apreciarse, comenzaron ya a empolvarse, a olvidarse, a dejarse en algún cajón.

Con ese antecedente, es decir la reforma constitucional de 2024, es que se presenta un ajuste a la maquinaria de la transparencia; esa maquinaria, la que ha cascabeleado en los últimos dos años. Se trata de un decreto, publicado a inicios de mes, por el que “se determina la información adicional que de manera proactiva publicarán los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, por ser de interés público”. ¿Qué decir al respecto?

Hay que señalar que su interés expreso es incrementar la información publicada de organizaciones tan particulares como lo son PEMEX y la CFE. También se incrementa la periodicidad en la que esa información se publica, pasando de trimestral a mensual. Como consecuencia necesaria, este decreto le agrega chamba a la Secretaría Anticorrupción federal en cuanto a la información que se publica sobre auditorias y programas de fiscalización. Y hasta ahí alcanza.

Frente a lo que implicó la reforma constitucional del 2024 y los ajustes normativos que debieron hacerse en todo el país a partir de ahí, el decreto publicado hace unos días tiene apenas alguna importancia más bien cosmética. Para la maquinaria, si acaso una pequeña abolladura. Quizás menos.

Si se me apresura diría que la importancia del decreto fue más bien simbólica, un intento en el discurso de darle calor a lo que, en los hechos, ha quedado en el congelador del olvido. Ajustes como los pretendidos en el ya referido decreto no compensa las consecuencias de las decisiones que se tomaron hace dos años.

El cambio posterior al 2024 sigue viviendo su propia curva de aprendizaje. Siguen descubriéndose aristas olvidadas en la reforma constitucional que problematizan la implementación de una política nacional. El ímpetu se ahogó, la comunicación se interrumpió. No es que se haya cancelado un derecho, pero el camino organizacional se fracturó desde su cimentación.