Diana Patricia Gutiérrez Fuentes, egresada de la Maestría en Gestión Integral del Agua de El Colegio de Sonora

Copia textual El Sol de Hermosillo.

Escribo esta columna no como un resumen académico, sino como algo más personal: quiero contarles cómo cambió mi manera de ver los proyectos. No solo los proyectos de agua, sino los proyectos en general, esos que consumen presupuestos, ilusiones, años de trabajo y que, en teoría, deberían mejorar la vida de la gente. Porque si algo aprendí investigando plantas de tratamiento, gobernanza y reúso de agua, es que la pregunta que de verdad importa casi nunca es la que hacemos primero.

¿Estamos construyendo infraestructura… o construyendo futuro?

Durante mucho tiempo pensé que el éxito de un proyecto estaba en lograr que funcionara técnicamente. La realidad me enseñó algo distinto. Descubrí que una planta de tratamiento puede estar perfectamente diseñada y, aun así, fracasar —no porque la tecnología falle, sino porque nadie definió lo importante: quién la operará, quién financiará su mantenimiento, quién supervisará su desempeño o quién asumirá la responsabilidad cuando cambien las administraciones o los intereses económicos. Entonces comprendí que el verdadero desafío nunca había sido construir una planta de tratamiento. El verdadero desafío era construir un sistema capaz de sostenerlo. Esa reflexión transformó por completo mi manera de entender la infraestructura hidráulica.

Vivo en Hermosillo, una ciudad que conoce la escasez de agua como pocas. Aquí el verano no es solamente calor; es también una especie de recordatorio anual de que el agua tiene límites, de que los acuíferos no son un pozo sin fondo, de que cada año que pasa la disponibilidad futura se vuelve más incierta por el cambio climático y por el crecimiento urbano. Crecí escuchando hablar de nuevas fuentes de abastecimiento, de acueductos que traerían agua desde más lejos, de pozos más profundos. Y crecí dando por sentado, como mucha gente, que la solución al problema del agua era, básicamente, encontrar más agua.

Mi investigación me hizo cuestionar esa idea desde la raíz. Porque mientras buscábamos —seguimos buscando— nuevas fuentes de abastecimiento, dejamos escapar todos los días una fuente de agua que ya tenemos: el agua que usamos en nuestras casas y que, después de pasar por el drenaje, recorre kilómetros hasta una planta de tratamiento para, en muchos casos, terminar siendo descargada de nuevo al ambiente sin que nadie la aproveche. No estoy hablando de un recurso hipotético o lejano. Estoy hablando de agua que ya pagamos, que ya conducimos, que ya tratamos parcialmente, y que simplemente dejamos ir.

Analizar la posibilidad de incorporar plantas de tratamiento para reuso dentro de desarrollos residenciales en Hermosillo me obligó a mirar el problema desde ángulos que al principio no había considerado. No se trata de sustituir los grandes sistemas hidráulicos de la ciudad ni de pretender que las plantas descentralizadas van a resolver, por sí solas, el problema del agua. Se trata de algo más modesto y, al mismo tiempo, más ambicioso: reconocer que las ciudades modernas necesitan diversificar sus estrategias de gestión del agua, de la misma manera en que ya no dependemos de una sola fuente de energía para funcionar.

Esa idea de diversificación es, quizás, la que más ha cambiado mi manera de ver los proyectos en general, no solo los hidráulicos. Durante mucho tiempo —y creo que esto es algo cultural, no solo mío— hemos medido el éxito de un proyecto por su tamaño. Más presas. Más acueductos. Más kilómetros de tubería. Entre más grande es una obra, pareciera que mayor es el éxito de quien la impulsó.

Invertir bien no significa gastar más. Significa gastar mejor. Esa frase, que repito constantemente desde que terminé mi investigación, resume buena parte de lo que aprendí. Cada peso que se destina a un proyecto de agua —o a cualquier proyecto de infraestructura, me atrevería a decir— debería responder tres preguntas fundamentales: ¿es técnicamente viable?, ¿es financieramente sostenible?, ¿será institucionalmente gobernable? Si alguna de esas tres respuestas es negativa, lo más probable es que estemos construyendo una solución temporal disfrazada de solución definitiva.

¿Estamos dispuestos, como sociedad, a cambiar la manera en que entendemos el agua?

Esa pregunta me parece más incómoda —y más honesta— que cualquier cálculo de ingeniería. Porque implica reconocer que el freno está en la manera en que decidimos, gobernamos y nos organizamos alrededor de un recurso que damos por sentado hasta que empieza a faltar. La ingeniería, por sí sola, no resuelve los problemas. Las mejores soluciones nacen cuando la técnica se combina con la economía, la planeación urbana, la gestión pública y la participación social.

He llegado a pensar que el verdadero valor de cualquier proyecto —hidráulico o no— no se mide el día en que se inaugura. Se mide veinte años después. Cuando sigue funcionando. Cuando continúa generando beneficios sin que nadie tenga que hacer un esfuerzo heroico para mantenerlo con vida. Cuando las personas casi olvidan que existe, porque simplemente cumple con su propósito todos los días, de manera silenciosa. Ese, para mí, debería ser el verdadero objetivo de cualquier inversión: construir ciudades capaces de sostenerse a sí mismas durante las próximas generaciones.

Sé que esto puede sonar idealista, sobre todo en un país donde los ciclos políticos son cortos y donde los incentivos casi siempre favorecen lo inmediato, lo visible, lo que puede fotografiarse antes de que termine una administración. Pero creo que precisamente por eso vale la pena decirlo con todas sus letras: necesitamos dejar de inaugurar infraestructura para empezar a construir resiliencia. Necesitamos proyectos que sobrevivan a los periodos de gobierno, que resistan las sequías, que puedan adaptarse al crecimiento urbano, que incorporen innovación, pero también mantenimiento, que contemplen a las personas tanto como a las tuberías.

Estoy convencida de que el reúso del agua va a dejar de ser una alternativa marginal para convertirse en una necesidad ineludible. Las ciudades que empiecen a incorporar modelos descentralizados, eficientes y financieramente viables estarán mejor preparadas para enfrentar los retos del cambio climático, el crecimiento poblacional y la presión sobre los acuíferos que ya estamos viviendo. Y estoy convencida también de que esa misma lógica —pensar en la operación antes que en la inauguración, en la gobernanza antes que en el tamaño, en la sostenibilidad antes que en el discurso— es la que necesitamos aplicar a la manera en que planeamos, financiamos y evaluamos cualquier proyecto que aspire a mejorar la vida de la gente.

No escribo esto como una experta con todas las respuestas. Lo escribo como alguien que pasó los últimos años metida en los números, las normas y las entrevistas de este tema, y que salió de ese proceso con una convicción más firme que cuando empezó: esto sí se puede hacer. Ya se está haciendo en otras partes del mundo, y ya existen en México las piezas —técnicas, normativas y financieras— para empezar a hacerlo aquí también. Lo que falta es decidirnos, entre todos, a usarlas.

Y esa infraestructura no la construye un solo sector. La construimos entre todos, o no la construimos.