Rubén Carreón Diazconti. Egresado de la X generación de la maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora

Copia textual de Tribuna.

Durante muchos años, la comunidad internacional ha buscado congregarse en un mismo lugar para abordar lo que denominan el “problema mundial de las drogas”. Esta ocasión no fue diferente. La Comisión de Estupefacientes de la ONU comenzó su 69º sesión en Viena con discursos diplomáticos, peticiones de colaboración y compromisos hacia soluciones integrales.

Sin embargo, existe un aspecto realmente incómodo que no se menciona en esas conferencias: la crisis mundial de drogas no persiste a pesar de ese sistema, sino en gran parte debido a él.

El esquema que orienta estas asambleas —apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito— permanece fundamentado en una lógica prohibicionista que ha evidenciado, a lo largo de años, su incapacidad para reducir los daños y su notable efectividad para generarlos. Se hace hincapié en términos como “control”, “prevención” y “seguridad”, pero se omite mencionar el problema evidente: la guerra contra las drogas ha fracasado, y sus efectos son catastróficos.

No se trata de una declaración ideológica, sino de una comprobación empírica. El mercado mundial de drogas psicoactivas no ha llegado a desaparecer; ha evolucionado, se ha vuelto más complejo y ha crecido. Las sustancias son ahora más potentes, más fáciles de conseguir y presentan mayores peligros. Las fatalidades por sobredosis están en aumento en diversas áreas. En naciones como México, la política de prohibición ha contribuido a la violencia, la militarización y la descomposición social.

Ante este contexto, la reacción de las instituciones continúa siendo alarmantemente predecible: más encuentros, más pronunciamientos, más promesas que no abordan lo esencial del asunto.

La gran omisión en Viena es la reducción de daños en su significado más amplio. No como un añadido secundario o una aceptación retórica, sino como un cambio estructural de paradigma. Debido a que la reducción de daños significa reconocer algo que el sistema global todavía no quiere admitir: las personas consumen drogas, y continuarán haciéndolo, independientemente de la prohibición.

Y si esto es real —como lo indica la historia—, entonces el cuestionamiento no es de qué manera eliminar el consumo, sino de qué forma reducir los daños relacionados con este. Esto permite considerar acciones que aún son políticamente incómodas para muchos gobiernos: despenalización de la posesión, regulación legal de mercados, iniciativas de suministro seguro, distribución amplia de naloxona y lugares de consumo controlado.

Nada de esto es radical en términos de salud pública. Lo radical es seguir ignorándolo.

Existe una dimensión que causa aún más inquietud: la exclusión sistemática de quienes consumen drogas en los ámbitos donde se crean estas políticas. En Viena se habla de ellos, pero raramente se les consulta. Se les considera como sujetos de intervención, no como titulares de derechos. Esta falta de inclusión no es fortuita; sirve a un sistema que prefiere conservar el dominio en lugar de repartir el poder.

Porque de eso se trata, en última instancia. La política global de drogas no es solo un conjunto de estrategias fallidas: es una estructura de poder que decide qué cuerpos son vigilados, cuáles son castigados y cuáles son protegidos.

Por esta razón, cada encuentro de la Comisión tiene el potencial de transformarse en una formalidad administrativa que aparenta acción mientras el cambio se elude. Un entorno en el que se gestiona el problema sin solucionarlo, donde se dulcifica el discurso pero se conserva el modelo.

La interrogante que debería inquietar a los asistentes de estas juntas es clara y apremiante: ¿cuántas vidas más se pueden tolerar antes de reconocer que este enfoque no es efectivo?

Desde un enfoque de reducción de daños, la solución no consiste en modificar los límites del sistema, sino en cuestionarlo de raíz. Esto implica abandonar la criminalización de quienes consumen, aceptar el uso como una realidad social complejo y construir políticas que prioricen la salud, el respeto y los derechos humanos.

Viena no es irrelevante. Es un reflejo claro de dónde estamos parados: atrapados en un consenso internacional que ya no resiste la evidencia, pero que se sostiene por inercia política.

Mientras ese consenso no se rompa, cada nueva sesión será lo mismo: una escenificación elegante de un fracaso que se niega a nombrarse.

Y en ese silencio, las consecuencias siguen acumulándose en los cuerpos y territorios de siempre.