Dr. Rolando Enrique Díaz Caravantes, profesor-investigador Centro de Estudios en Salud y Sociedad
Copia textual de El Sol de Hermosillo.
Esta columna da continuidad a ocho emisiones que realizaremos sobre la situación actual de la contaminación de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ocurrida el 6 de agosto de 2014 en el río Bacanuchi y el río Sonora. En esta columna, la penúltima, abordaremos el tema de la respuesta social ante este desastre de origen minero.
En el momento en que ocurrió el derrame, la organización de la región del río Sonora estaba determinada por el gobierno y no había alguna que actuara de forma independiente y, en muchos de los casos, las comunidades no contaban con la autonomía suficiente para la toma de decisiones (https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202093-10). En este contexto, no hubo una respuesta rápida en la defensa de sus derechos colectivos, sino que, durante la emergencia, se vieron obligados a permitir el manejo de las autoridades gubernamentales.
En septiembre de 2014 comenzaron las primeras manifestaciones públicas expresando el malestar por la forma en que el gobierno manejaba la emergencia y la exclusión de los afectados en la toma de decisiones. Sin embargo, fue hasta inicios de 2015 cuando empezó un mayor dinamismo por los habitantes del río Sonora para protestar por los apoyos insuficientes y desiguales del Fideicomiso y se crearon dos movimientos: “Todos Unidos contra Grupo México” y “Frente Río Sonora”. Sin embargo, a tres años de iniciada esta fase de acciones colectivas, este primer intento de respuesta social se fue desgastando. Algunas investigaciones explican que la eventual desarticulación de estos colectivos se debió a una cierta incompatibilidad de agendas: uno de los frentes esperaba que las acciones de remediación provinieran de arriba hacia abajo, es decir, que el gobierno brindara la atención adecuada, mientras el otro frente buscaba construir de abajo hacia arriba (https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/949).
Según lo identifican los estudios, es innegable el papel prominente y permanente que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) han tenido en la segunda etapa de organización de respuesta de la sociedad civil ante el desastre. Expertos catalogan a los CCRS como un grupo autónomo con representación en cada uno de los municipios afectados que no guarda relación con los consejos o comités de cuenca oficiales, el cual ha mantenido actividades constantes para visibilizar la problemática, realizado acciones de concientización en la zona afectada y participado en eventos a nivel nacional e internacional. En el segundo capítulo del libro que tuve el privilegio de coordinar, los autores identifican a estos comités como los impulsores de varias demandas de amparo ante el poder judicial, entre las que destacan los siguientes temas: 1) en materia de manejo de residuos peligrosos; 2) de consulta y participación pública respecto a la construcción de la nueva presa de jales; y, 3) de aplicación de la normatividad mexicana respecto a los parámetros para medir la calidad del agua (https://tinyurl.com/m8u76aba, pp. 37-59).
Acompañando a los CCRS se puede ubicar a la organización de la sociedad civil sin fines de lucro, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) que busca fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales. En este contexto, para diversos autores, la lucha social se ha ciudadanizado, y en las circunstancias derivadas del desastre, este proceso se aceleró y abrió un espacio particular e inédito en la tradición política regional (https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202093-10).
Aunque con sentidas pérdidas, como Martha Patricia Velarde, Ramón Miranda y Norberto Bustamente, la presencia de los Comités de Cuenca del Río Sonora continúa. Estos comités y las personas y organizaciones que les acompañan aún esperan la justicia ambiental, y en la espera han logrado construir un significativo proceso de participación ciudadana en el contexto sonorense y nacional.