Rubén Carreón Diazconti, egresado de la X promoción de maestría en Ciencias Sociales, de la línea de Salud, 2003-2005 de El Colegio de Sonora

Copia textual de Tribuna (edición impresa 4A).

En el debate social en torno a las drogas, pocas frases provocan tanto malestar como "reducción de daños". Para algunos, suena a una rendición moral; para otros, a permisividad disfrazada de política pública. No obstante, desde un enfoque antropológico y de justicia social, la reducción de daños no se interpreta como una aceptación del consumo, sino como una respuesta ética ante el sufrimiento evitable que genera la desigualdad, la criminalización y el desprecio institucional. 

Durante muchos años, la perspectiva predominante ha sido la prohibición: sancionar para prevenir, encarcelar para enmendar, y estigmatizar para “salvaguardar” a la sociedad. Sin embargo, la información recopilada en diferentes entornos indica que la criminalización no erradica el consumo; lo desplaza a situaciones más peligrosas. Las fatalidades por sobredosis, el aumento en la transmisión de VIH y hepatitis C, la violencia ligada a mercados ilegales y el hacinamiento en las prisiones no son efectos secundarios inevitables: son resultados previsibles de políticas que enfatizan el control en lugar del bienestar. 

La antropología social ha subrayado un aspecto esencial: el uso de drogas no es una acción aislada o simplemente personal. Es una actividad social contextualizada, influenciada por condiciones materiales, historias de exclusión, violencias sistémicas y entornos culturales concretos. No todos los individuos consumen por las mismas motivaciones, ni enfrentan los mismos peligros. A pesar de ello, la narrativa pública tiende a uniformizar a estas personas bajo la etiqueta de "adicto", eliminando su capacidad de agencia y limitando su experiencia a una falla moral. 

La reducción de daños desafía esa visión reduccionista. Se basa en una idea clara pero revolucionaria: los individuos que usan sustancias son titulares de derechos, incluso si no logran —o no desean— cesar su consumo. Esta declaración, que debería considerarse evidente en una sociedad democrática, confronta una creencia profundamente asumida: la de que solamente merece resguardo aquel que se conforma a un estándar de autodisciplina, eficiencia y conformidad con las normas. 

Desde este punto de vista, la reducción de daños se considera una manera de justicia social, ya que ofrece protección en lugares donde antes solo se aplicaba el castigo. Este tipo de programas incluyen el intercambio de jeringas, pruebas de VIH en la comunidad, provisión de información para un consumo más seguro y apoyo psicosocial sin imposiciones: estas acciones no fomentan el uso de drogas, a pesar de lo que sus opositores suelen argumentar. Lo que realmente logran es salvar vidas, prevenir infecciones, facilitar el acceso a servicios de salud y reducir los costos sociales vinculados a la marginación. 

Sin embargo, existe un aspecto más profundo involucrado. La reducción de daños representa un enfoque humanista sin condiciones. No requiere dejar de lado el consumo como un prerrequisito para acceder a derechos. No pone la dignidad por debajo de la obediencia. Reconoce que muchas personas enfrentan riesgos en contextos marcadamente desiguales y violentos. En lugar de plantear la pregunta “¿por qué no dejan de consumir?”, redirige la discusión hacia “¿bajo qué circunstancias están viviendo y qué podemos hacer para evitar que esas circunstancias sigan causando daño?”. 

En este contexto, el debate no debe enfocarse solo en las drogas, sino en la sociedad que deseamos edificar. ¿Optaremos por una que aborde el dolor mediante prisión y estigmas? ¿O por una que enfatice la salud colectiva, la base científica y la consideración de los derechos humanos? Mantener políticas represivas, a pesar de sus fracasos, significa aceptar como inevitables las muertes y violencias que podrían evitarse. 

Ciertamente, la reducción de daños no es una solución definitiva ni sustituye otras tácticas. No minimiza los peligros que conlleva el consumo problemático ni ignora la necesidad de tratamientos para aquellos que quieren dejar las drogas.

Lo que sugiere es un estándar ético básico: ninguna medida gubernamental debe intensificar el daño bajo el pretexto de combatirlo. 

Reducir daños, en esencia, implica disminuir la injusticia. Es aceptar que la salud pública no puede estar supeditada al miedo moral y que el gobierno debe salvaguardar vidas, incluso si estas resultan incómodas. En una época donde resurgen discursos de mano dura y tolerancia cero, abogar por la reducción de daños no es solo un acto técnico: es una afirmación sobre el valor que otorgamos a la vida humana. 

Si consideramos que cada vida tiene valor, la lógica nos exige crear estrategias que protejan en lugar de sancionar. La reducción de daños no es el problema; es parte de la respuesta.