Alejandro Duarte Aguilar, egresado de la IX generción de la maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora.

Copia textual de Tribuna (edición impresa, 4A).

En el debate contemporáneo sobre el futuro de nuestras ciudades, es frecuente privilegiar las variables tangibles: vialidades, transporte público, redes de agua, equipamientos culturales o de salud. Sin embargo, existe una dimensión menos visible, pero igualmente determinante, que articula y da sentido a estos elementos: la ética ciudadana. En particular, la ética de raigambre liberal —entendida no como una doctrina económica reductiva, sino como una tradición que enfatiza la libertad individual acompañada de responsabilidad pública— constituye un sustrato imprescindible para el buen funcionamiento del espacio urbano.

La ciudad no es únicamente un agregado de infraestructuras; es, ante todo, un entramado de prácticas sociales. En este sentido, la ética ciudadana puede concebirse como una “infraestructura invisible” que regula la interacción cotidiana entre desconocidos. Conceptos como el respeto a las normas compartidas, el reconocimiento del otro como igual en dignidad, la tolerancia frente a la diferencia y la disposición a cooperar, no emergen espontáneamente: son resultado de procesos históricos, educativos y culturales que configuran lo que llamamos ciudadanía. 

Desde esta perspectiva, la ética liberal propone un equilibrio delicado: cada individuo es libre de perseguir sus propios fines, siempre y cuando no interfiera con los derechos de los demás. Este principio, trasladado al espacio urbano, adquiere una dimensión concreta. Respetar un semáforo, cuidar el mobiliario público, hacer uso responsable del transporte colectivo o participar en la vida comunitaria son actos aparentemente menores, pero constituyen la base operativa que permite que la infraestructura funcione como fue concebida.

Por su parte, el equipamiento y la infraestructura urbana —escuelas, hospitales, parques, redes de movilidad— no son neutrales. Su diseño, distribución y mantenimiento inciden directamente en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Un parque bien cuidado invita al encuentro y al esparcimiento compartido; un sistema de transporte eficiente reduce tensiones cotidianas y promueve la convivencia; una plaza pública accesible fomenta la apropiación del espacio común. En este sentido, la materialidad urbana puede facilitar —o dificultar— la emergencia de prácticas ciudadanas éticamente orientadas. 

La relación entre ética ciudadana e infraestructura urbana es, por tanto, profundamente sinérgica. Una ciudadanía que internaliza valores de respeto, solidaridad y corresponsabilidad contribuye al cuidado y uso adecuado de los espacios y servicios públicos. A su vez, una infraestructura funcional y equitativamente distribuida refuerza la percepción de justicia y pertenencia, condiciones necesarias para que los individuos se reconozcan como parte de una comunidad más amplia. 

Esta sinergia produce efectos que trascienden la mera eficiencia operativa de la ciudad; en su dimensión más profunda, configura una ética de la convivencia. El reconocimiento del otro no como obstáculo, sino como cohabitante legítimo del espacio urbano, abre la posibilidad de relaciones más horizontales. La solidaridad, entendida como la disposición a colaborar en beneficio común, se vuelve práctica cotidiana en contextos donde los servicios funcionan y las reglas son claras. La tolerancia emerge cuando la diversidad no es percibida como amenaza, sino como una característica inherente de la vida urbana. Y el sentido de pertenencia se consolida cuando los individuos experimentan la ciudad como un espacio que les acoge y al que, a su vez, contribuyen.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esta ética ciudadana se debilita o no llega a consolidarse? La respuesta es visible en múltiples contextos urbanos. El deterioro del espacio público, el uso indebido de la infraestructura, la evasión sistemática de normas básicas y la desconfianza generalizada entre habitantes son síntomas de una ciudadanía fragmentada. En ausencia de una ética compartida, la ciudad tiende a convertirse en un territorio de disputas donde prevalece la lógica del interés inmediato sobre el bienestar colectivo.

Este fenómeno no solo impacta en la calidad de vida, sino que también genera costos materiales significativos. La infraestructura se desgasta más rápidamente, los servicios se vuelven ineficientes y las instituciones pierden legitimidad. Pero, más allá de lo económico, lo que se erosiona es el tejido social: la posibilidad misma de reconocerse en el otro y de construir proyectos comunes. Es importante subrayar que la responsabilidad no recae exclusivamente en los individuos. Las políticas públicas, el diseño urbano y la gestión institucional desempeñan un papel crucial en la configuración de contextos que favorezcan —o inhiban— el desarrollo de una ética ciudadana. No obstante, incluso las mejores infraestructuras requieren de prácticas sociales que las sostengan. Sin usuarios responsables, ningún sistema, por sofisticado que sea, puede operar adecuadamente.

La ciudad, en última instancia, es un espejo de las relaciones que en ella se establecen. Pensarla únicamente desde su dimensión física implica ignorar la complejidad de los vínculos que la hacen posible. Por ello, resulta pertinente preguntarse hasta qué punto nuestras acciones cotidianas contribuyen —o no— a ese entramado invisible que sostiene la vida urbana.

Más que ofrecer respuestas cerradas, esta reflexión invitaL a considerar la ciudad como un espacio compartido cuya calidad depende tanto de su diseño como de las prácticas que en ella se despliegan. En ese cruce entre ética e infraestructura se juega, en buena medida, la posibilidad de construir entornos urbanos más habitables, inclusivos y significativos.