Dr. Óscar Bernardo Rivera García, egresado del doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora.
Copia textual del Diario Tribuna, edición impresa del 22 de febrero de 2026.
La Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social (Naciones Unidas, 2007). La Justicia Social no es una palabra bonita para discursos políticos; es, más bien, una forma de medir qué tan “decente” es una sociedad con la gente que vive en ella. La proclamación tiene un objetivo oculto algo incómodo: el mundo funciona, pero no funciona igual para todas las personas.
Conmemorar la justicia social es conmemorar igualdad de oportunidades, pero también igualdad de condiciones. No basta con el échaleganismo, sobre todo cuando pensando en los que tienen derechos y en quienes solo tienen esperanza. La justicia social existe cuando nacer pobre no te condena de por vida; cuando ser mujer no implica un esfuerzo adicional; cuando migrar no significa perder la dignidad; y cuando la diferencia no se castiga.
Tomemos como ejemplo a las personas jornaleras migrantes en México. Son personas que habitan un tiempo prestado, un calendario que no se mide por meses, sino por cosechas. Su vida se organiza alrededor de tierra ajena: se siembra sin poseer, se cuida sin heredar y se recoge sin permanecer. Cada jornada es una repetición de la fatiga marcada por el polvo que se adhiere a la piel como una segunda memoria. Sus hijas e hijos crecen entre surcos y pesticidas, con escuelas intermitentes y un futuro que muchas veces parece una repetición del pasado.
Trabajar como jornalero o jornalera migrante en México implica una vida en tránsito permanente, en campamentos improvisados o cuartos compartidos donde la intimidad se reduce al mínimo. En sus historias no hay contratos que duren más que una temporada, ni derechos que resistan el cambio de patrón, ni leyes que lleguen completas hasta los surcos donde doblan el cuerpo desde la madrugada.
Se trata de un grupo de personas que construyen comunidad donde antes no había nada. Reinventan la fiesta, la lengua y la solidaridad en territorios que no les pertenecen, pero que fecundan con su trabajo. Ser jornalero o jornalera migrante es existir entre la necesidad y la esperanza, entre la dureza del surco y la certeza silenciosa de que, aunque el país rara vez los nombre, sin su paso constante la tierra quedaría muda.
Hablar de justicia social para las personas jornaleras migrantes en México implicaría eliminar del discurso oficial la idea de “mano de obra” y reconocerlas como personas sujetas de derechos. Significa aceptar que estas personas sostienen al campo mexicano y, la justicia social, en este contexto, supone asumir algo incómodo para el discurso oficial: aceptar que el progreso agrícola del país se ha construido sobre la normalización de la desigualdad.
Así, hablar de justicia social para las personas jornaleras migrantes en el marco del Día Internacional de la Justicia Social es hablar de una deuda que se posterga y se acumula con intereses que no perdonan: pobreza, exclusión y una vergüenza colectiva que el país aprende a disimular, pero no a resolver. La verdadera conmemoración no está en los discursos bien intencionados, sino en la decisión colectiva de mirar hacia los campos y admitir que no hay país justo mientras quienes lo alimentan sigan siendo los últimos en la fila de los derechos.