Dr. Juan Poom Medina. Profesor-investigador en el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos de El Colegio de Sonora.

Copia textual de El Sol de Hermosillo

A muchos nos consta que el sexenio de la primera alternancia en la gubernatura de Sonora, la que protagonizaron los panistas sonorenses durante 2009 a 2015, fue un desastre en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Entregaron una entidad en quiebra financiera a la segunda alternancia electoral en el Gobierno de Sonora, la que protagonizaron los priistas de ese momento con el apoyo de los priistas del pasado. Se recuerda que uno de los mensajes centrales durante la campaña priista que encabezaba la hoy embajadora en Panamá fue que habría: “cero impunidades y cero tolerancias a la corrupción”.

Fuimos testigos de la forma en que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) se convirtió en una oficina más del Poder Ejecutivo, no porque su entonces titular así lo quisiera, aunque por sus venas corriera la militancia dentro del partido tricolor, sino porque durante 2015 a 2021 Sonora se convirtió en un gobierno con aspiraciones modernas, pero por dentro, especialmente en los asuntos financieros, su operatividad era arcaica y plagada de irregularidades, debido a que los emisarios del pasado se encargaron de la administración financiera. Por ello se requería neutralizar a ese instituto, y vaya que desde la oficina de la contraloría estatal y desde otras oficinas centrales durante ese periodo así lo hicieron.

Hay que recordar que, en las elecciones constitucionales sonorenses de 2021, el Partido Revolucionario Institucional no perdió solo por los votantes que decidieron que la Cuarta Transformación llegara a Sonora, una variable que en ese entonces puse en juego en un estudio publicado en un libro con sello editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se refería al magro desempeño de la administración de la ex cónsul en Barcelona y su efecto en los resultados adversos para la alianza que encabezaba quien debió haber gobernado a la entidad a partir de 2015, aunque dudo que hubiera habido alguna diferencia.

Hoy tenemos noticias extremas y paradójicas asociadas a lo que fue el desastroso periodo del último gobierno priista. Por un lado, a la responsable legal de todo lo que sucedió durante ese periodo, el gobierno federal la continúa premiando, faltando el respeto al electorado sonorense que ha votado por la trillada transformación; y, por otra parte, aquí en el rancho, según entiendo, hay carpetas de investigación a distintos ex funcionarios y ex funcionarias que incluyen las vinculaciones a proceso, por lo pronto, de dos ex directivos de la Secretaría de Educación y Cultura por el delito de peculado. En días recientes se confirmó también la vinculación del ex secretario de Hacienda de Sonora durante ese sexenio, con experiencia en las finanzas sonorenses durante el autoritario periodo de 1991 a 1997.

Más allá de las líneas de análisis de los comentaristas locales sobre este tema, y a quienes se debe respetar su opinión, aquí vale resaltar la tragedia que ha vivido la administración pública sonorense como puente de acción entre el gobierno y la ciudadanía. En cada inicio de gobierno nos encontramos ante el mítico Sísifo que sube y sube la cuesta con aquella gran roca, y al final, cuando se acaba el sexenio, se desploma a causa de la promesa incumplida de la transparencia y la hoy lastimada idea de rendición de cuentas. Esperemos que a finales de 2027 las cosas sean diferentes en cuanto a la entrega de las finanzas.

Yo le apuesto a que así sea, para evitarnos episodios como los que estamos hoy observando con los funcionarios anteriores.