Liz Ileana Rodríguez Gámez

Jennifer Espinoza Ramos, Seguridad alimentaria en México: un análisis geográfico en los albores del siglo XXI (México: El Colegio de Sonora, 2020). 

2DA PARTE 

La obra de la Dra. Espinoza, recientemente publicada, es un aporte valioso en materia de política pública, al ofrecer un diagnóstico y las directrices para una política social que establece prioridades a partir de una jerarquización territorial en una estrategia hacia la seguridad alimentaria. Tras el análisis geoestadístico de la información disponible y del índice de seguridad alimentaria elaborado por la autora, se desprenden resultados interesantes que permiten a las autoridades, organismos e instituciones de los tres ámbitos de gobierno, así como a otros tomadores de decisiones, disponer de información para delinear mejores políticas públicas que atiendan la dimensión geográfica de la seguridad alimentaria. 

Si bien, todos los trabajos académicos se ven limitados por la imperiosa necesidad de abstraer una pizca de realidad para su análisis, me adelanto en comentar que pueden surgir algunos desencuentros, entre el lector y la autora, tras la lectura de este libro. No obstante, estas limitaciones provienen de nuestra incapacidad, como gobierno, sociedad y estudiosos de las ciencias sociales, para enmendar aspectos centrales que permitan un análisis y aplicación de medidas efectivas para las problemáticas sociales. 

Una de las limitantes más evidentes, sin duda, y continúa siéndolo así, es la relacionada con la información. En relación con la disponibilidad, oportunidad y pertinencia de la información, resulta irónico que el hambre, como uno de los principales problemas de la humanidad y de México, carezca de información básica para la toma de decisiones.

Los datos sobre pobreza o carencia alimentaria que sustenta el estudio de la Dra. Espinoza se obtienen de encuestas a hogares y, por razones presupuestales, es casi imposible realizar encuestas al total de la población y en una periodicidad adecuada. 

A nivel municipal la información está disponible cada 5 años y cada 10 años en el caso de muchas de las variables que integran el indicador de seguridad alimentaria que se elaboró para este estudio. A esto se añade la pertinencia de la información, la cual sigue careciendo de oportunidad sobre, por ejemplo, la calidad de los alimentos que se consumen y el nivel nutricional de los individuos. 

De manera que, un análisis de seguridad alimentaria cada diez años puede significar desamasado tiempo, tanto para los beneficiarios de la política social como para los hacedores de programas. Sin embargo, este indicador ofrece un marco para la evaluación de estrategias de mediano plazo, las cuales puedan ajustarse a través de la inferencia que proporciona el propio modelo propuesto por la autora en su obra. 

Por ejemplo, somos conscientes de que la actual crisis por el Covid-19 ha significado un deterioro masivo en el bienestar de la población y ello implica que un número cada vez creciente experimente una situación de inseguridad alimentaria. Así, el modelo propuesto por la autora tiene el potencial de estimar los efectos geográficos en la seguridad alimentaria de una contracción del PIB, del orden de -8.5 por ciento para 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Asimismo, los resultados del Censo de Población 2020, ya disponibles, son un importante insumo para evaluar y diseñar una nueva estrategia alimentaria en nuestro país.

En general, disponemos de poca información, por lo cual estudios de esta naturaleza no permiten profundizar en dimensiones específicas, ni en contextos microrregionales. En tal sentido, las discusiones teóricas se ven también limitadas y solo queda delinear una política pública que, dentro del modelo establecido, cuente con una escala territorial que permita una mejor definición de la estrategia de seguridad alimentaria. 

Como bien lo anota la autora, la seguridad alimentaria es un concepto más neutral al momento de abordar la correlación de fuerzas y no prejuzgar la concentración del poder económico en los distintos eslabones que integran la cadena de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos; en el comercio internacional de alimentos o en la propiedad de los medios de producción lo cual, entre otras cosas descarta el análisis de actores y redes sociales. 

Por supuesto que, el análisis de actores y la identidad cultural de grupos de población y, por tanto, sus patrones alimenticios, siguen siendo variables extremadamente relevantes para este tipo de estudios, que en esta ocasión quedaron fuera del análisis.

Particularmente, la Dra. Espinoza señala la importancia de escuchar las necesidades locales y considerar las particularidades de una región al momento de diseñar una estrategia en materia de seguridad alimentaria. Situación que escapa de las manos cuando se implementan políticas globales o generalizadas que homogenizan un espacio, el cual es demasiado diverso. 

Me parece prudente que la autora no aleje de su análisis la condicionante que implica la definición de políticas nacionales alienadas a los organismos internacionales. En este sentido se recupera, además del contexto local y regional, el “contexto supranacional” (al referirse a las políticas de organismos como la ONU, el PNUD, el PNUMA; a los organismos multilaterales que financian políticas antipobreza y de erradicación del hambre; a las políticas de las corporaciones privadas internacionales que controlan los sistemas, distribución y comercialización de la producción de alimentos; etc.); es decir, la referencia a la arquitectura internacional en que descansan las respuestas soberanas a problemáticas como la seguridad alimentaria. 

Para concluir me gustaría comentar que, si bien el estudio analiza la información disponible del año 2010, el contexto en el cual se enmarca este libro y durante el cual se desarrolló el estudio gira en torno a una tendencia a la alza de los diferentes indicadores de pobreza multidimensional producto de la crisis económica de 2008; a la discusión de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de Enrique Peña Nieto; al fracaso de la meta de “hambre cero” dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su replanteamiento dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible; así como en un contexto de alternancia en la política nacional rumbo a las elecciones del 2018, con muy altas expectativas en relación a la política social, como sello distintivo de la administración federal. 

Todos estos hechos permearon en el planteamiento, análisis y discusión de los hallazgos de la Dra. Espinoza.

No obstante, las diferencias de criterio respecto a la política social y a las iniciativas en torno a la construcción de organismos y medidas a favor de la seguridad alimentaria, así como la reorganización de las prioridades presupuestales y de política pública producto de la crisis por Covid-19, posponen una vez más la implementación de una estrategia de seguridad alimentaria, como la planteada por la Dra. Espinoza en su libro. 

Agradezco a la autora de “Seguridad alimentaria en México: un análisis geográfico en los albores del siglo XXI” la discusión en torno al cambio en la dimensión cognitiva del problema de la seguridad alimentaria. Bienvenida esta forma de pensar el fenómeno de la seguridad alimentaria en un mundo multivariado, donde la geografía es una variable cada vez más importante; por lo que considero esta como la mayor contribución de la obra. Como resultado del esfuerzo intelectual de la autora, hoy sabemos, tenemos la certeza y los elementos mínimos indispensables, provistos por este libro, para implementar una estrategia de seguridad alimentaria con enfoque geográfico en los diferentes ámbitos de la vida pública.